La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) ha presentado esta mañana ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional un escrito pidiendo la prohibición de las concentraciones convocadas para el próximo día 4 de agosto en todas las playas de Guipúzcoa y Vizcaya para reclamar el fin de la excepcionalidad de la política penitenciaria. 

Se trata, teóricamente, de una iniciativa popular realizada por la asociación de familiares y allegados de presos de ETA, Etxerat, donde, además, han exigido la vuelta de los presos y “exiliados vascos”.

Aunque la reivindicación sea solicitar la modificación de la política penitenciaria y exigir el retorno de los miembros de ETA fuera de España, este tipo de actos  constituyen verdaderos actos de enaltecimiento de los presos de la organización terrorista. No puede olvidarse que para conseguir la excarcelación pretendida existen cauces legales vía reglamento penitenciario, sin que deba permitirse la realización de actos como el pretendido que humillan a las víctimas del terrorismo. La realización de actos como los expresados en este escrito, donde personas condenadas por graves delitos se presentan como víctimas del Estado, produce un grave impacto sobre las víctimas, deviniendo necesario evitar su perpetración ya que se ha dado inicio a la acción delictiva mediante las acciones de convocatoria pública y difusión llevadas a cabo.

Además, desde APAVT desconocemos si detrás de los convocantes pudiera encontrarse alguna organización de apoyo a presos de ETA que estuviera ilegalizada, por lo que resulta necesario determinar si los convocantes formales coinciden con los materiales para evitar así que alguna organización ilegal pudiera estar detrás de dicha convocatoria. Todo lo anterior constituye un fundamento legítimo para la prohibición de la concentración.

Así pues, desde la asociación se solicita la prohibición de estas concentraciones convocadas para el 4 de agosto de 2019 en todas las playas de Guipúzcoa y Vizcaya, y que se dirijan oficios a Guardia Civil y Policía Nacional para que emitan informes sobre los convocantes formales por si realmente, detrás de los mismos, se encontrase alguna organización ilegalizada.