APAVT solicita la prohibición de la manifestación convocada por SARE el 17 de junio en San Sebastián


martes 13 de junio de 2017
La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) ha presentado este jueves ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional un escrito pidiendo la prohibición de la manifestación convocada para el próximo 17 de junio en San Sebastián por la plataforma Sare.

El acto reivindicativo, del que APAVT ha tenido noticia a través de la prensa, tendrá como objetivo "cerrar la puerta al enfrentamiento y abrirla a la paz y a la defensa de los derechos humanos", ha llamado a la sociedad vasca a que "al margen de ideologías y afiliaciones partidistas", se ponga "al frente de la resolución de un conflicto que ha durado décadas y que tanto dolor ha causado en su seno".

A nuestro juicio, planean sobre la convocatoria dos cuestiones que legitiman nuestra pretensión prohibición.

La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo explica en su escrito que Sare puede ser una continuación de la asociación Herrira, sobre la que pesa prohibición de actividades. En ese sentido, desde APAVT se asegura que las reivindicaciones que realiza Sare “coinciden en lo esencial” con las reivindicaciones que hasta hace poco realizaba Herrira y anteriormente Askatasuna.

Para APAVT, aunque la reivindicación de la manifestación sea solicitar la excarcelación de presos enfermos, “en este tipo de actos se ensalza a la totalidad de presos de ETA”. Además, desde la asociación se recuerda que para conseguir la excarcelación pretendida “existen cauces legales recogidos en nuestra legislación penitenciaria”, por lo que no debería permitirse la realización de actos “que humillan a las víctimas en general y, particularmente, a las víctimas directas de aquellos presos cuya excarcelación se pretende”.

Para APAVT todas estas consideraciones constituyen “un fundamento legitimo para la prohibición de la manifestación”, por lo que también solicita en el escrito que se dirijan oficios a la Guardia Civil y la Policía Nacional “a fin de que emitan informes sobre los convocantes formales, por si realmente detrás de la convocatoria se encontrase alguna organización ilegalizada”.    

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