APAVT solicita la prohibición de la manifestación convocada por SARE el 13 de enero en Bilbao


lunes 06 de noviembre de 2017
La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) ha presentado este lunes 6 de noviembre ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional un escrito pidiendo la prohibición de la manifestación convocada para el próximo 13 de enero en Bilbao por la plataforma Sare.

El acto reivindicativo, del que APAVT ha tenido noticia tiene como lema “Prest gaudeEstamos dispuestos” y según palabras de los convocantes “queremos hacer algo excepcional, que marque el devenir de nuestra historia reciente hacia un futuro de paz y convivencia”.

A nuestro juicio, planean sobre la convocatoria dos cuestiones que legitiman nuestra pretensión prohibición.

Desde la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo consideramos que Sare puede ser una continuación de la asociación Herrira, sobre la que pesa prohibición de actividades. En ese sentido, desde APAVT sostenemos que las reivindicaciones que realiza Sare “coinciden en lo esencial” con las reivindicaciones que hasta hace poco realizaba Herrira y anteriormente Askatasuna.

Aunque la reivindicación sea "terminar, con la política de alejamiento, terminar con la legislación excepcional que se les aplica y que convierte las sentencias en cadenas perpetuas encubiertas y terminar con la política de venganza que mantiene encarcelados a los y las presas gravemente enfermas" en este tipo de actos se ensalza a la totalidad de presos de ETA. No debemos olvidar que para conseguir las excarcelaciones pretendidas existen cauces legales recogidos en nuestra legislación penitenciaria sin que deba permitirse la realización de actos como el pretendido que humillan a las víctimas en general y, particularmente, a las víctimas directas de aquellos presos cuya excarcelación se pretende.

Para APAVT todas estas consideraciones constituyen “un fundamento legitimo para la prohibición de la manifestación”, por lo que también solicita en el escrito que se dirijan oficios a la Guardia Civil y la Policía Nacional “a fin de que emitan informes sobre los convocantes formales, por si realmente detrás de la convocatoria se encontrase alguna organización ilegalizada”.  

 

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