APAVT solicita la prohibición de la carrera popular por los presos de ETA convocada en Araia para el 5 de junio


martes 29 de marzo de 2016
La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) ha presentado este martes ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional un escrito pidiendo la prohibición de la carrera popular por los presos de ETA organizada por el colectivo Lasterbidean y programada para el próximo 5 de junio en la localidad alavesa de Araia.

La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) ha presentado este martes ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional un escrito pidiendo la prohibición de la carrera popular por los presos de ETA organizada por el colectivo Lasterbidean y programada para el próximo 5 de junio en la localidad alavesa de Araia.

La carrera, de la que APAVT ha tenido noticia a través de los medios de comunicación, se enmarca dentro de una jornada de apoyo a los presos de ETA en la que también se contemplan una comida popular y varios actos de animación para, en palabras de los organizadores, reclamar los derechos de “los represaliados políticos”

Para APAVT, la convocatoria puede ser constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo al suponer “una clara ofensa grave a la memoria de las víctimas del terrorismo como acto de humillación y menosprecio”. En palabras de la plataforma en el escrito presentado ante la Audiencia, los actos en los que se homenajea la figura de los presos de ETA “entrañan descredito de las víctimas y de sus familiares”.

Según la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo los actos convocados son una “campaña de apoyo a los que denominan “presos políticos”, por lo que su única finalidad es enaltecer u otorgar reconocimiento público a los presos de la banda terrorista y a sus actividades, pretendiendo ensalzar el currÍculum delictivo de los presos de ETA”

Para APAVT todas estas consideraciones constituyen “un fundamento legitimo para la prohibición de la manifestación”, por lo que también solicita en el escrito que se dirijan oficios a la Guardia Civil y la Policía Nacional “a fin de que emitan informes sobre los convocantes formales, por si realmente detrás de la convocatoria se encontrase alguna organización ilegalizada”.     

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