La Gaceta recoge la carta que Miguel Á. Folguera, presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) ha remitido a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior para mostrar su descontento con algunas de sus actuaciones.

Las víctimas del terrorismo denuncian que el Gobierno las ignora

Consideran que desde la Dirección General de Apoyo a las Víctimas se incumplen los acuerdos alcanzados y no se tienen en cuenta sus propuestas.
JUAN E. PFLÜGER

Que las asociaciones de víctimas del terrorismo no aprueban la gestión de Sonia Ramos al frente de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo viene siendo una constante desde que accediera al cargo tras la victoria electoral del Partido Popular. Las diecisiete asociaciones españolas estuvieron de acuerdo en criticar el reglamento de víctimas propuesto por su departamento hace tres meses hasta el punto de que Ramos consiguió la crítica unánime de todas ellas.

Ahora, desde la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) han decidido enviar una queja formal y por escrito a la directora general para dejar claro que los incumplimientos continuados en la comunicación de las resoluciones del Gobierno en materia de política sobre víctimas es una hecho que puede dañar los intereses de sus asociados.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la omisión de toda comunicación respecto a la nueva normativa sobre insignias a los afectados directos e indirectos de atentados terroristas. El presidente de APAVT insiste en que “Como en otras ocasiones, seguimos sin información y orientaciones precisas por parte de vuestro órgano administrativo, lo que sin duda afecta sensiblemente al derecho de asociación y al fomento del movimiento asociativo”. Del mismo modo solicita que se “ofrezcan explicaciones sobre esta indeseable omisión”.

GACETA.Es se ha puesto en contacto con Miguel Foguera, presidente de APAVT y firmante de la reclamación enviada a Ramos, quien ha asegurado a este diario que le consta que “son varias las asociaciones que se quejan del mismo incumplimiento”. Del mismo modo asegura que esta actitud de falta de comunicación no es nueva: “Desde nuestra asociación hemos puesto varias quejas por diferentes motivos, y pese a que las cartas fueron enviadas con acuse de recibo y nos consta su recepción, a día de hoy muchas de ellas siguen sin respuesta. El objetivo de la queja interpuesta hoy es hacer reaccionar al Ministerio del Interior, del que depende el organismo criticado, para que “de los pasos necesarios y tome medidas para que haya comunicación entre la ofician que dirige Ramos y las diferentes asociaciones”.

Considera que es una falta de información que perjudica a las víctimas que “al final se tienen que enterar por los medios y cuando llaman a las asociaciones no se les puede dar información al respecto porque no la han recibido previamente”.

También asegura que la falta de comunicación incumple una de las promesas realizadas a los diferentes colectivos tras la presentación del nuevo Reglamento de Víctimas del Terrorismo cuando “se comprometieron a comunicarnos los cambios”.

Generan diferencias entre víctimas

Este diario ha querido conocer la opinión de otras asociaciones de víctimas con la oficina que dirige Ramos. Para ello se ha puesto en contacto con la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), Consuelo Ordoñez, la hermana del concejal asesinado por ETA de cuyo atentado se cumplen el jueves diecinueve años. Desde su asociación también consideran que la política antiterrorista del Ejecutivo está siendo desacertada y critican la falta de comunicación con los representantes de las víctimas.

Su crítica se centra en la ignorancia que el Gobierno está teniendo de las propuestas que las diferentes asociaciones han realizado para el cambio legislativo que se ha producido en los últimos meses. Según Ordoñez “nosotros propusimos varias alegaciones documentadas y fundamentadas y no han tomado en consideración ni una sola”. También señalan que tuvieron que presionar ante el Defensor del Pueblo para que desde Interior “se presentara el Reglamento de Víctimas después de dos años de retraso y cuando se presentó era todo lo contrario a lo que se pretendía”.

Asegura que “nos preocupa especialmente la doble consideración de víctimas que generadiferencias inaceptables y que se haya prescindido de intentar esclarecer los casi cuatrocientos asesinatos que quedan sin resolver”.

Pese a estos contratiempos ha asegurado que no van a cejar en su empeño y que han “vuelto a pedir que se tomen en consideración las alegaciones”. Para ello se reunieron con tres grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados -popular, socialista y UPyD- pero no han conseguido que ninguno de ellos lleve a la cámara sus propuestas.

Ordoñez asegura que “ya no me sorprende esta actitud”. Hay otras cosas que, segura, le sorprenden más “como es ver que la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo -María del Mar Blanco-, que debería representar todas las sensibilidades, se alinee con la actual política antiterrorista y no tenga ningún inconveniente en participar en un acto de partido que coincide con el asesinato de mi hermano, un acto en el que a mi me han vetado”.