Por Miguel Ángel Folguera

Hoy se cumplen 600 días de una gran infamia. Hoy se cumplen 600 días desde que Josu Uribetxeberría Bolinaga fuera puesto en libertad por “razones humanitarias” debido al cáncer terminal que sufría. Un cáncer terminal que, a día de hoy, le permite vivir a cuerpo de rey, paseando por su pueblo, Mondragón, y tomando txikitos por las tabernas, sin haber cumplido su pena, sin haber colaborado con la justicia, y humillando a las víctimas cada vez que el enfermo “terminal” de aspecto saludable pisa la calle.

Hagamos un breve repaso a las fechas clave para recordar cómo, en tan sólo mes y medio, el asesino y secuestrador, Bolinaga, logró la libertad condicional.

El 1 de agosto de 2012, Instituciones Penitenciarias, decide trasladar al asesino enfermo al Hospital de Donostia para tratarle de un cárcel de riñón con metástasis, diagnosticado en 2005. El día 8 de agosto de ese mismo año, el preso etarra inicia una huelga de hambre para reclamar su libertad y ser tratado fuera de prisión. Durante los días siguientes, otros reclusos etarras se unieron a la huelga de hambre para apoyar la causa de Bolinaga, aunque algunos de ellos sólo hacían huelga con la comida facilitada por los centros penitenciarios, los víveres de los economatos, escondidos en las celdas, sí estaban permitidos. El día 13 de agosto, después de numerosas negativas, Bolinaga accede a realizarse unas pruebas médicas para certificar su estado de salud. Cuatro días después, el 17 de agosto, Instituciones Penitenciarias le concede el tercer grado asociado a su grave estado de salud. En este momento, la Fiscalía se opone a que el preso obtenga la libertad condicional al considerar que puede recibir el tratamiento necesario en prisión sin acortar su esperanza de vida. El juez José Luis Castro visita a Bolinaga en el hospital y se reúne con los oncólogos que llevan su tratamiento el día 28 de agosto. Dos días después le concede la libertad condicional.

El 12 de septiembre, la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la libertad condicional para el preso de ETA, Josu Uribetxeberría Bolinaga, desestimando el recurso de apelación presentado el 5 de septiembre por la Fiscalía y aduciendo “razones humanitarias”. Ese mismo día 12 de septiembre, la forense Carmen Baena, presentaba un nuevo informe que ratificaba el anterior donde concluía que el preso no estaba terminal. Desde entonces, ha campado a sus anchas por Mondragón.

Hace unos meses, en diciembre de 2013, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó una denuncia ante el Colegio Oficial de Médicos de Madrid contra los médicos forenses de la Audiencia Nacional, Vidal Santos Yusta y Leonor Ladrón de Guevara por incumplir una orden judicial. La AVT denunció que ambos médicos se personaron el día 25 de septiembre en el Hospital Donostia para proceder al reconocimiento de Bolinaga, después de tres meses desobedeciendo el mandamiento judicial de Castro. Los médicos forenses estuvieron presentes durante la visita médica pero no practicaron exploración alguna al enfermo “terminal”. Un sanguinario asesino está en la calle, y los forenses de la Audiencia  Nacional deciden no examinarle. Increíble pero cierto. La demanda de la AVT está admitida a trámite desde hace meses sin que se haya vuelto a saber nada más.

El vergonzoso paripé al que nos tiene acostumbrados este individuo y la farsa de los informes médicos que facilitaron su puesta en libertad, humilla y hace sufrir a las víctimas a diario. ¿Hasta cuándo va a durar esta farsa? ¿Cuánto tiempo más necesita la Audiencia Nacional para devolverle a la prisión de la que nunca debió salir?

En el mes de abril, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le citó a declarar por videoconferencia como imputado por el asesinato del Cabo Antonio Ramos, asesinado en Mondragón en 1986. Incomprensiblemente, este asesino puede desplazarse para tomar txikitos pero no puede desplazarse a la Audiencia Nacional para declarar. Después de que una vez más no colaborar con la justicia, el juez decreta para él prisión domiciliaria comunicada por lo que, a pesar de que sólo abandona el domicilio para desplazarse al hospital, recibe visitas de otros terroristas asesinos que gozan de libertad tras la derogación de la ‘doctina Parot’.

¿Puede estar en su casa y desplazarse al hospital de Donostia para recibir su tratamiento pero no puede estar en prisión? El trato de favor que se le está dando a este sanguinario asesino es una vergüenza.

Mientras este asesino sigue en su casa viviendo cómodamente, las víctimas y la sociedad lloramos a los que ya no están y nos siguen humillando.