La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) ha presentado este martes ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional dos escritos pidiendo la prohibición de las dos manifestaciones convocadas para los próximos 13 y 27 de agosto en San Sebastián y Bilbao, respectivamente, para exigir la amnistía de todos los presos de ETA.

Los actos reivindicativos han sido convocados por el colectivo Amnistia Ta Askatasuna, movimiento que, según informa APAVT en el escrito, es “disidente” con los actuales postulados de la izquierda abertzale y, en su comunicado fundacional, defendía como “necesario y urgente reactivar y sacar a la calle la reivindicación de la amnistía”.

En ese sentido, desde APAVT se recuerda que dicho colectivo realizó el pasado 29 de Agosto de 2015 otra manifestación en Bilbao con las mismas reivindicaciones en la que, al término de la misma, se leyó un comunicado en el que se señalaba, entre otras cosas, que los presos de ETA “no son terroristas” porque “han dado lo mejor de sí mismos para hacer frente a esos monstruos”, en alusión a los Estados español y francés, que “se alimentan de la sangre de Euskal Herria”. Dichas manifestaciones dieron lugar a incoar diligencias por el Juzgado Central de Instrucción nº 4, en el que fueron citados a declarar como investigados el pasado mes de junio varias personas relacionadas con los hechos por si fueran constitutivos de un delito de enaltecimiento de terrorismo.

A entender de APAVT, existen “indicios claros” de que si se permiten las manifestaciones se puedan volver a producir expresiones “claramente constitutivas” de un delito de enaltecimiento del terrorismo, “suponiendo una clara ofensa grave a la memoria de las víctimas del terrorismo como acto de humillación y menosprecio”.

Por último, desde APAVT se insiste en el escrito en que supondría “un menosprecio” a las víctimas que se permita convocar y realizar una manifestación para pedir la excarcelación de personas que “están cumpliendo graves penas por execrables delitos y en donde se ensalza la trayectoria criminal de los presos”.

Por ello, desde la asociación se solicita la prohibición de las marchas y se pide que se dirijan oficios a la Guardia Civil y Policía nacional “a fin de que emitan informes sobre los convocantes formales por si realmente detrás de la convocatoria se encuentra alguna organización ilegalizada”.