Según los convocantes, "ha llegado el momento histórico para que las presas y presos comiencen ese proceso de dejar atrás la cárcel y volver a sus casas" y para "cerrar las heridas del pasado y abrir los caminos del futuro". Añadiendo que "todavía sigue primando la política de excepción y sigue sin aplicarse la ley de forma proactiva para encarar una solución definitiva".

Una vez más, sabemos que nuestra prohibición no llegará buen puerto, ya que nuestro código penal persigue hechos ya cometidos, no de manera preventiva. De hecho, las únicas veces que hemos conseguido que este tipo de convocatorias se prohíban, ha sido en base al artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque se pudo demostrar que los participantes o convocantes estaban siendo investigados en algún procedimiento por terrorismo o enaltecimiento del terrorismo. Pero sentimos que nuestra obligación sigue siendo solicitar la prohibición de este tipo de hechos. Porque ni los tribunales ni los delegados de gobierno defienden la dignidad y el honor de las víctimas del terrorismo. Porque las víctimas del terrorismo no tienen que soportar que las familias de los asesinos digan que hay que cerrar heridas y mirar al futuro. Eso a lo que ellos llaman heridas son nuestros muertos. Son miles de familias rotas en España. Ellos pretenden “mirar al futuro” sin colaborar con la Justicia, sin reconocer el daño causado y sin admitir que aquí hay un único relato verdadero: unas víctimas que han puesto las nucas y unos asesinos que han puesto las pistolas. Les recomendamos que echen un vistazo a los cinco libros publicados por APAVT en los que las víctimas del terrorismo narran en primera persona cómo estos terroristas, que ahora están en la cárcel,  decidieron asesinar sin ningún motivo y justificación a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermano…

Una vez más, en esta marcha se mostrará como víctimas a los terroristas por una supuesta legislación de excepción, y se ensalzará a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA, o por la realización de acciones terroristas que han causado un gran número de fallecidos y heridos a lo largo del sangriento historial criminal de ETA, lo que constituye una actuación de enaltecimiento y justificación pública del terrorismo, con el menosprecio y humillación a las víctimas y sus familiares que ese tipo de delitos generan.

Sinceramente: ¿No es suficiente ver cómo se humilla a las víctimas y se ensalza a los terroristas en todas las concentraciones que llevan haciendo SARE y compañía todos estos años? No es suficiente humillación que SARE afirme que la política penitenciaria "ha endurecido las eternas estancias en prisión y los años de sufrimiento para familiares y amigos". ¿De verdad las familias de los asesinos quieren hablar de sufrimiento a las familias de los muertos? Este tipo de humillaciones son impensables en otros países. Nadie podría imaginar un homenaje en las calles de París a los asesinos de Bataclan, o un homenaje en las calles de Nueva York a los terroristas del 11S. De hecho, hace unas semanas leímos con mucha envidia el siguiente titular en la prensa: Homenajes a Abimael Guzmán serán considerados apología del terrorismo en Perú.

Recordemos que, aunque no se pueda prohibir un hecho que no se ha cometido, sí se puede aplicar el Artículo 61 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que lleva por título 'Defensa del honor y la dignidad de las víctimas', y establece que: 'El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas. 2. Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas y sus familiares puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y dignidad./ 3. Asimismo prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas./ 4. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores, por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los Tribunales de justicia que sean competentes.

Así pues, con el firme propósito de seguir defendiendo el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo, desde APAVT se solicita la prohibición de la marcha convocada por SARE del 29 de septiembre hasta el 2 de octubre entre Lesaka y Berriozar y que se dirijan oficios a Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza para que emitan informes sobre los convocantes formales por si realmente, detrás de los mismos, se encontrase alguna organización ilegalizada.