In memoriam:
Las reivindicaciones que realiza SARE coinciden en lo esencial con las que hasta hace poco realizaban HERRIRA y anteriormente ASKATASUNA. Consecuentemente, detrás de SARE pudiera estar una organización ilegalizada que utiliza una plataforma legal para poder seguir desarrollando sus ilícitas actividades.
APAVT considera que la finalidad de la concentración no es otra que ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA, o por la realización de acciones terroristas que han causado un gran número de fallecidos y heridos a lo largo del sangriento historial criminal de la banda, lo que constituye una actuación de enaltecimiento y justificación pública del terrorismo, con el menosprecio y humillación a las víctimas y sus familiares que ese tipo de delitos generan. Todo lo anterior constituye un fundamento legítimo para la prohibición de la concentración.
De hecho, recordemos que el Artículo 61 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que lleva por título 'Defensa del honor y la dignidad de las víctimas', establece que: 'El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas. 2. Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas y sus familiares puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y dignidad./ 3. Asimismo prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas./ 4. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores, por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los Tribunales de justicia que sean competentes.
Así pues, desde la asociación se solicita la prohibición de la marcha convocada para el 23 de octubre de 2021 en Donostia y que se dirijan oficios a Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza para que emitan informes sobre los convocantes formales por si realmente, detrás de los mismos, se encontrase alguna organización ilegalizada.
