La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) ha presentado este lunes ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional un escrito pidiendo la prohibición de la manifestación convocada para el próximo 9 de enero a las 17:00 horas en Bilbao por la plataforma Sare y la iniciativa Baogaz.

El acto reivindicativo, del que APAVT ha tenido noticia a través de la web de Eitb, tendrá como objetivo solicitar la libertad de los presos etarras enfermos. El objetivo común de Bagoaz y Sare, según han asegurado sus representantes es "el fin de la dispersión de los presos vascos, la libertad de los reclusos gravemente enfermos, libertades condicionales, el fin de una legislación de excepción que condena a perpetuidad a este colectivo y del retorcimiento de las leyes que convierten en realidad lo que la legislación europea prohíbe, y posibilitar la vuelta de los presos y exiliados en el marco de la resolución del conflicto".

Para APAVT, aunque la reivindicación de la manifestación sea solicitar la excarcelación de presos enfermos, “en este tipo de actos se ensalza a la totalidad de presos de ETA”. Además, desde la asociación se recuerda que para conseguir la excarcelación pretendida “existen cauces legales recogidos en nuestra legislación penitenciaria”, por lo que no debería permitirse la realización de actos “que humillan a las víctimas en general y, particularmente, a las víctimas directas de aquellos presos cuya excarcelación se pretende”.

La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo también explica en su escrito que Sare puede ser una continuación de la asociación Herrira, sobre la que pesa prohibición de actividades. En ese sentido, desde APAVT se asegura que las reivindicaciones que realiza Sare “coinciden en lo esencial” con las reivindicaciones que hasta hace poco realizaba Herrira y anteriormente Askatasuna.

Para APAVT todas estas consideraciones constituyen “un fundamento legitimo para la prohibición de la manifestación”, por lo que también solicita en el escrito que se dirijan oficios a la Guardia Civil y la Policía Nacional “a fin de que emitan informes sobre los convocantes formales, por si realmente detrás de la convocatoria se encontrase alguna organización ilegalizada”.