La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) presentó el 17 de septiembre ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional un escrito pidiendo la prohibición de la concentración convocada por la plataforma SARE para el día 24 de octubre de 2020 en San Sebastián consistente en realizar una movilización por las calles de la ciudad que finalizará con un mosaico humano en la playa de La Concha. Esta concentración se realiza en defensa de los derechos de los presos de ETA y a favor de un acercamiento de los mismos a centros penitenciarios del País Vasco y Navarra.

Las reivindicaciones que realiza SARE coinciden en lo esencial con las que hasta hace poco realizaban HERRIRA y anteriormente ASKATASUNA. Consecuentemente, detrás de SARE pudiera estar una organización ilegalizada que utiliza una plataforma legal para poder seguir desarrollando sus ilícitas actividades.

A nuestro entender la finalidad de la concentración no es otra que ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA o por la realización de acciones terroristas que han causado un gran número de fallecidos y heridos a lo largo del sangriento historial criminal de la banda, lo que constituye una actuación de enaltecimiento y justificación pública del terrorismo, con el menosprecio y humillación a las víctimas y sus familiares que ese tipo de delitos generan.

Es evidente que aunque la reivindicación puede entenderse como una reivindicación de los derechos de los presos, en el fondo subyace una reclamación de excarcelación de los presos que, no olvidemos, cumplen condenas por gravísimos delitos. Es conocido que para conseguir la excarcelación pretendida existen cauces legales recogidos en nuestra legislación penitenciaria sin que deba permitirse la realización de actos como el pretendido que humillan a las víctimas en general.

Así pues, desde APAVT se solicita la prohibición de la marcha convocada para el 24 de octubre en San Sebastián, y que se dirijan oficios a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que emitan informes sobre los convocantes formales por si realmente, detrás de los mismos, se encontrase alguna organización ilegalizada.